Por María Eva Guevara
Su secuestro ocurrió durante la dictadura de Lanusse en la provincia de San Juan. El operativo fue encabezado, desde Mendoza, por quien fuera jefe del SIE regional, coronel Carlos Néstor Bulacios, quien años después ocuparía el cargo de jefe máximo de la represión en Jujuy.
Corría el año 1971. Uno de los temas que más acaparaban la atención popular de Mendoza era el famoso e impactante crimen de Villa Seca, un caso policial que había obligado a realizar dos juicios, ya que en el primero había quedado impune, y con el segundo la gente se agolpaba en las audiencias y en las escalinatas del Poder Judicial para seguir de cerca y en detalle cuál sería el desenlace. En el plano político, por lo general se admitía que tanto la policía como el Ejército estuviesen como entre bambalinas, siempre listos para reprimir todo aquello que olía a extremismo o subversión. Eso era lo que tensaba el clima en el mes de julio, alrededor de la condena que dispondría la Cámara Federal de Apelaciones contra dos estudiantes universitarios, Rolando Coria y César José Eguaburu, que habían participado de una toma de la Facultad de Ingeniería en San Juan. Para la prensa, aquella había sido la jornada más peligrosa de los últimos tiempos. Lo fue, ya que efectivamente los efectivos policiales habían descargado más de cien granadas de manera indiscriminada contra una multitud bulliciosa de jóvenes que salieron a protestar por la condena a un año de prisión en suspenso.
Curiosamente, en paralelo a estos febriles acontecimientos se produjo el secuestro del matrimonio Verd. Cuesta imaginar cómo pudo movilizarse de una provincia a otra un grupo de parapoliciales que se pasearon por Villa del Carril, un barrio de San Juan, con metralletas, a plena luz del día, sin temor de ser observados por vecinos y testigos, y hacer desaparecer dos cuerpos sin llamar demasiado la atención. Pero claro, aquello era una dictadura que transcurría como una “dictablanda”, legítima denominación de aquel período atento al terror que sobrevino años después. La gente aún no estaba habituada a las crónicas que después sí serán una constante sobre allanamientos violentos, seguidos de una falta total de esclarecimiento, temor de los testigos, actitud cómplice de la Justicia y desesperación de los familiares que sólo recibían evasivas.
Es decir, la sensación de un accionar impune, programado y ejecutado desde el poder no se había hecho palpable. Y sin embargo, sí se hacía presente en los hechos. El punto es que aquella dictadura no fue tan blanda. Y hoy se sabe que la metodología de la represión ilegal ya estaba plasmada en una serie de normativas sobre Operaciones contra la Subversión –incluyendo las psicológicas– y reglamentos militares fechados en noviembre de 1969. Dicha normativa fue aplicada con el matrimonio Verd, al que sólo se le concedió el favor de dejar a sus dos hijas, de 7 y 5 años, al cuidado de un familiar, antes de desaparecer.
Desaparecer en San Juan. Marcelo Verd y Sara Palacios se conocieron estudiando en Córdoba, él Odontología y ella Obstetricia. Se casaron en 1962. Una impecable secuencia fotográfica captó a la pareja feliz casándose en una iglesia de San Juan. En realidad, según cuentan sus familiares, tal ceremonia se realizó sólo para dejar satisfecho a Aburnio Verd, padre de Marcelo, un conocido periodista deportivo de San Juan, ya que en realidad a ninguno de los dos les interesaba para nada la religión. No fue la única diferencia que los apartó de los cánones socialmente establecidos, al menos para los que se esperan de un doctor recién recibido que además trabajaba como armero de la policía de Córdoba.
Previo a hacer un intento por irse a vivir y trabajar a Santa Rosa –un pequeño pueblo del este de Mendoza– y desistir raudamente de tal proyecto, se instalaron en San Juan. Pero por poco tiempo, ya que con las dos nenas a cuestas, partieron a contactar con el Mayo Francés y las ideas políticas revolucionarias que ya habían abrazado y plasmado en actividades de tipo clandestinas, en plena época del Onganiato. Como avisaron a los amigos y familiares sólo unos días antes de emprender el viaje, se les adjudicó fama de “aventureros”. Más allá de eso, el grupo familiar estaba perfectamente al tanto de qué les deparaba la vida, a través de las cartas que Sara escribía periódicamente a su familia en Mendoza relatándole lo contentos que estaban en su “conquista de París”. Menos comunicación hubo cuando, entre 1966 y 1969, se instalaron en Cuba. Y sí fue plena en cuanto los cuatro regresaron a radicarse en el país, primero alquilando una casa en Buenos Aires y luego en San Juan, donde Marcelo atendía su propio consultorio en el Sanatorio Guidet.
Casi todos los fines de semana, Marcelo, Sara y las dos chicas viajaban a Mendoza. Hacia mediados de 1971 se produjo un hecho que no llamó demasiado la atención de la familia Palacios de no haber ocurrido lo que sucedió después. Un militar requirió información puntual sobre la clase de personas que eran las hijas de esa familia, es decir, qué hacían cada una de las hermanas, y qué ideas políticas tenían. En cuanto llegó la noticia de que los habían secuestrado, el estupor de los familiares se agigantó ya que no sólo se hizo evidente la falta de preocupación de las autoridades por el hecho sino que la policía de San Juan se dedicó a investigar con ahínco la presunta actividad extremista de la víctima, en lugar de procurar salvar dos vidas en peligro. Poco demoraron en descubrir que todo el sistema era el que funcionaba así.
El caso demoró cuarenta y ocho horas en tener alguna difusión en los medios periodísticos, y cuando esto sucedió, fue a raíz del asesinato de Juan Pablo Maestre y el secuestro y desaparición de su esposa Mirta Misetich. Ese caso sí saltó a los medios, de inmediato, siendo objeto de amplias coberturas de las revistas Gente, 7 Días, Así, entre otras publicaciones, que hablaban de una ola de conmoción nacional ante la pasividad y negligencia de la policía frente a la actuación de verdaderos “escuadrones de la muerte”. Repasando las principales crónicas del momento se detecta cómo fue el mecanismo desplegado: a medida que arreciaban críticas y denuncias contra los organismos parapoliciales más se intentaba despegar al Ejército. La prensa, en muchos casos, colaboraba a tal fin.
Por ejemplo, para sembrar la confusión los periodistas sanjuaninos publicaban versiones como la del “autosecuestro”. Decían cosas completamente descabelladas, nada inocentes, como que el doctor Verd había sido secuestrado por sus mismos compañeros, o sea, un comando de FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) ya que en las paredes del comedor de la casa estaban esas siglas pintadas con pintura roja. También llegaron a decir que otro indicio era el hallazgo de paquetes de empanadas y Coca-Cola sin abrir. Más lejos aún fue el cronista enviado por El Andino, de Mendoza, quien para hilar una crónica sobre el secuestro llegó a sostener algo tan retorcido como que la pérdida de un ojo durante la infancia de Marcelo había sido el elemento determinante de la conducta del dentista que encontró en la guerrilla “una vida de héroe aventurero”.
Pese a esa demonización y reguero de dudas, la tenebrosa trama y su patrón pudieron ser determinados. De acuerdo con los testigos se constató la patente de cada uno de los automóviles que se habían desplazado aquel 2 de julio de 1971 –un Fiat 1500, un Renault 4 y un Valiant–, y aún más, pudo constatarse cuál había sido el epicentro de esos movimientos calculados: el Servicio de Inteligencia del Ejército, a cargo del coronel Carlos Néstor Bulacios. Según informó el semanario local Claves, Bulacios fue desde el comienzo el centro de los comentarios y él jamás desmintió aquella responsabilidad.
Tres meses después de desaparecidos los Verd, ya había suficientes indicios sobre que a Marcelo Verd lo habían matado torturándolo, y que de la tortura le habían extraído información. El periodista de Claves Rafael Morán expresamente revela una confesión al respecto. En esa confesión se menciona reiteradamente al teniente coronel Carlos Néstor Bulacios, a otro oficial del Ejército y a dos miembros del Servicio Secreto militar, además de un automóvil Valiant color blanco similar al utilizado por los captores de Marcelo Verd y Sara Palacios.
No es todo. Gracias a un informante de las fuerzas de seguridad que se mantuvo en reserva, el semanario Claves habla de la existencia de una cinta grabada de una hora treinta minutos donde surgen nombres y hechos. Y todo cierra: entre los integrantes de la llamada “Comunidad Informativa”, es decir, miembros destacados de la policía y el Ejército, se habló sobre el caso Verd ya que vino a constatar la eficacia de la técnica a utilizar, tanto para el secuestro como para la posterior tortura.
Para entonces, el plan se fortalecía, en todos los aspectos. Marcelo Verd era imputado por el juez federal de San Juan, Mario Gerarduzzi, por actividades subversivas (se lo suponía en fuga o en paradero desconocido) y la Comunidad Informativa se hacía de otro blanco también en San Juan. Se trataba del doctor Jorge Vargas Álvarez.
Lo llamativo es que Bulacios no estaba para sutilezas. Así como había aparecido súbitamente en San Juan para el secuestro de los Verd, aparecía la noche del intento de secuestro de Vargas Álvarez. A diferencia del primero, el segundo fue fallido. Cuando los secuestradores intentaron subir a los automóviles a este abogado que estaba casado con la hija de un secretario del juzgado federal, este gritó y generó tal escándalo en la calle que los vecinos y parientes salieron de sus casas, lo cual obligó a la banda a desbaratar el operativo.
El diálogo suscitado entre los periodistas y Bulacios es más que revelador:
Periodista: –¿El organismo a su cargo tenía orden de detener a Vargas?
Bulacios: –No, señor.
Periodista: –¿Sabe cuál es el cargo que se le formula?
Bulacios: –No, señor.
Periodista: –¿Es verdad que los secuestradores al huir dejaron caer una pistola?
Bulacios: –Creo que fue así.
Periodista: –¿Sabe la marca y el calibre?
Bulacios: –Ballester Molina, calibre 45.
Periodista: –¿Usted estaba en Mendoza ayer?
Bulacios: –Sí, señor.
Periodista: –¿Cómo es que llegó a las 23.40 a la Jefatura de Policía de San Juan?
Bulacios: –Me avisaron y vine en avión.
Periodista: –Ninguno de los dos aeropuertos opera de noche…
Bulacios: –Bueno… yo vine en avión.
Periodista: –¿A qué hora le avisaron?
Bulacios: –Me enteré por la radio.
Periodista: –¿Qué radio?
Bulacios: –Radio Colón.
Periodista de Radio Colón: –Yo di esa información a las 23.45 o 23.50. Usted no tuvo tiempo de enterarse, si es que estaba ya en San Juan a las 23.40...
Bulacios: –No sé… yo escuché la radio.
Los periodistas de esta escena no fueron los únicos en enfocar al coronel Bulacios detrás del secreto operativo para secuestrar a Verd y luego a Vargas. Una de las hermanas de Sara Palacios también fue a visitarlo personalmente a la sede del SIE para preguntarle por el paradero de la hermana y lo hizo a instancias del juez federal de Mendoza, quien luego de su insistente gestión optó por decirle a modo de consejo “vaya a ver a Bulacios, él es quien sabe”. Angélica Palacios recuerda perfectamente cómo transcurrió la entrevista. No había pasado mucho tiempo de la desaparición de su hermana y a cambio de una investigación sobre las patentes de los automóviles de los secuestradores que los testigos habían aportado debió soportar que durante varios días su propio domicilio estuviese vigilado con policías adentro y en la puerta, apostado el auto del mismísimo gobernador de Mendoza.
Bulacios, primero, se sorprendió de la visita y dijo que él no tenía nada que ver con el asunto. Después, cuando Angélica le dijo lo del juez, Bulacios señaló que el problema era la desorganización de su familia y concretamente el que la otra hermana había arengado protestas estudiantiles cuando iba a comer al comedor universitario, en Córdoba.
En 1974, en el contexto de un almuerzo con parientes en Mendoza, uno de los comensales escuchó claramente cómo Bulacios se ufanaba de haber capturado a los Verd y dejó bien en claro que nunca jamás encontrarían sus cuerpos. Poco después de eso participaría del Operativo Independencia, en Tucumán, y como coronando una carrera criminal, se convertiría en gobernador de facto de Jujuy a partir de 1976.
Lamentablemente, la página oficial del Tribunal Electoral no lo señala como un asesino ni represor que vivió impune hasta el 2009 –en agosto falleció inmediatamente después de conocerse una orden de captura librada desde Jujuy por gran cantidad de crímenes cometidos en los ingenios azucareros–, sino que lo describe como un gobernador “que se ocupó de la limpieza y de la aplicación de las leyes y el orden”.
Semejante reseña biográfica fue descubierta por Patricia Verd, hija del matrimonio desparecido. Tanto ella como su hermana y tía han pedido a la Justicia Federal que de una vez abra la investigación de la causa ya que quieren saber la verdad y que se establezcan las responsabilidades atentos a que fueron ocho los policías que participaron y sobre algunos se confeccionó un identikit partiendo de lo que vieron los testigos. Por estas horas está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones decidir a qué juez le corresponde la competencia, si al de Mendoza o al de San Juan. Lo curioso de toda esta causa es que los primeros años transcurrió en el absurdo más absoluto puesto que el matrimonio Verd era imputado por “una determinada ideología política y, por consiguiente, por la inspiración que aquellos habrían tenido de ese carácter”. Recién en junio 1973, asumido el gobierno democrático de Héctor J. Cámpora, fue dispuesta la ley que amnistió a los imputados por esos delitos de índole política. Desde entonces, Marcelo Verd y Sara Palacios son para la justicia un par de “sobreseídos”.
La antesala del genocidio | Revista Veintitrés
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