EDUARDO LUIS DUHALDE: “ES PREFERIBLE UNA JUSTICIA TARDÍA A UNA INJUSTICIA ETERNA”

La Secretaria de Derechos Humanos se presenta como querellante en 80 causas por delitos de lesa humanidad, procesos en los cuales ya hay en el país 262 condenados y unos 900 procesados. En una entrevista exclusiva, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que en 2012 se espera un año de intensa actividad en el juzgamiento de estos delitos

-¿Cómo ve el camino que está recorriendo la justicia en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad?
-Vamos avanzando en este camino donde la secretaria de derechos Humanos no sólo acompaña estos procesos sino que en unos 80 de ellos somos parte querellante, nos hemos presentado por que no creemos en un Estado abstracto, sino en un Estado concreto, democrático que también se siente agraviado por la comisión de estos crímenes. Este proceso se inicia después de casi una década y media de un muro infranqueable de impunidad y con la asunción de Néstor Kirchner al levantar como fundamentos éticos del Estado los de memoria, verdad y justicia e impulsar la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hoy llevamos realizados alrededor de 60 juicios, tenemos 262 condenados y 900 procesados. La gran particularidad de estos juicios y es lo que llama la atención en el mundo y convierte a esta en una política original, es que no se ha apelado a tribunales internacionales, ni a tribunales nacionales especiales, sino que son los jueces naturales de la Constitución los que han juzgado, no se han dictado leyes especiales, sino que se aplica el Código Penal igual que para cualquier ciudadano que delinque, los juicios son orales y públicos. Asimismo hay 20 absoluciones que prueban que esto no es ninguna condena sistemática, sino que los tribunales valoran libremente. En este país a nadie se lo persigue por haber sido militar en la época del ’76 a ’83, sino por la comisión de delitos de lesa humanidad.

-¿Cómo se perfilan estos procesos de cara a 2012?

El número de juicios en trámite es de 14 y elevados a juicio que aún no han dado comienzo, hay al menos 20. Nos espera un 2012 intenso en esta materia.

-¿Cómo llevan los jueces esta clase de procesos que contienen una carga extra por el fuerte impacto que generan en la sociedad?

-El juicio en si es una presión porque son procesos largos, con muchos testigos y con una carga enorme porque no es fáciles escuchar durante meses los relatos de torturas, de crímenes… Creo que la justicia ha reaccionado muy bien, aunque hay zonas del interior del país donde ha habido cierta renuencia a hacer los juicios. Creo que los procesos podrían haberse acelerado más, es cierto que hubo 15 años perdidos lo que implicó el fallecimiento de muchos diputados, testigos o querellantes lo cual dificultó la realización de estos juicios. Si bien uno desea que estos juicios se aceleren y que la etapa de juzgamiento concluya para cerrar de una vez una etapa muy dolorosa del país, estoy convencido que este cierre va a poder hacerse mediante la reparación simbólica de la justicia. Si bien tenemos algunas observaciones que hacer sobre algunos juicios en donde nos e justifican las demoras, yo defiendo el principio de que es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna.
-¿Cómo ajustaría el rol de los fiscales, que son justamente una pieza fundamental para acelerar estos procesos?
-Hay que reconocer que estos juicios han alterado lo que es la vida común de los tribunales y son causas muy voluminosas. A veces aunque se reclame celeridad a distintas partes del proceso –ya sea a fiscales o a miembros de un tribunal- a veces se entiende que este volumen que tienen las causas por la multiplicidad de hechos delictivos, lleve a que los procesos se demoren más. Puede haber demoras injustificadas, el tiempo que la Cámara de Casación Penal ha tenido las causas y las apelaciones dejándolas sin sentencia firme por la discontinuidad de los procesos, realmente no tiene justificación alguna.

-¿Cómo determinan desde la Secretaría en qué causas presentarse como querellantes?
-Somos querellantes en unas 80 causas. Nos presentamos en aquellas causas que tenían un alto poder simbólico o en aquellas en las que había dificultades y trabas para el avance de los tribunales. Por ejemplo la causa Campo de Mayo, Margarita Belén… ESMA, una causa en la que me quedé muy satisfecho porque considero que el Tribunal respondió a la expectativa que había en cuanto a la responsabilidad probada de quienes estaban siendo juzgados. Estos juicios tienen un alto grado de aceptación por parte de la sociedad porque hoy se ha difundido mucho lo que significó el terrorismo de Estado, los campos de exterminio, las torturas, los adolescentes desaparecidos, los niños apropiados, que indican una historia que la sociedad no puede ver con indiferencia. Considero que está acertado el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti cuando sostiene que este es un pacto entre la sociedad y el Estado.

-¿Esto ayuda a que crezca la credibilidad en la justicia?
-Creo que esto sin dudas ayuda mucho. Cuando decíamos que esta política es también mirada con gran atención en el exterior, creo que es una gran contribución de la República Argentina a la lucha mundial contra la impunidad porque es la demostración de que estos juzgamientos de los crímenes no lesionan el proceso democrático, sino por el contrario lo fortalecen. El 54,11% obtenido por la presidenta en las elecciones es la demostración de que los juicios no han debilitado el sistema democrático ni el Gobierno que los impulsó. Antiguamente no se había avanzado nada gracias a la Ley de Obediencia debida de Alfonsín, los indultos de Menem, y el decreto de De la Rúa que ordenaba el rechazo in limine de los exhortos de jueces extranjeros pidiendo las extradiciones correspondientes.

-¿Cómo evalúa el papel del juez Norberto Oyarbide en la causa de la Triple A?
Somos querellantes en algunas causas importantes radicadas ahí, como el caso de Martínez de Hoz. Oyarbide es uno de los jueces más activos y más cuestionados. Es natural que, más allá de las suspicacias que tienen quienes caen en el juzgado de Oyarbide, buena parte de los temas que llegan a la justicia federal en lo criminal caigan en sus manos dado que subroga en cuatro juzgados. Nosotros no tenemos quejas a su funcionamiento, por el contrario, tomamos nota que cada vez que le han hecho una denuncia el Consejo la termina desestimando.

-¿Cómo ve hoy el rol de los jueces?
-Veo al sistema mucho mejor que hace una década, aunque aún creo que falta una renovación de parte del Poder Judicial, porque debe haber un mayor compromiso de los jueces con la democracia, con el estado de derecho y con los derechos humanos.

-¿Qué opinión le merece el tratamiento de la causa del juez Otilio Romano?
Otilio Romano fue cómplice de la dictadura y su responsabilidad ya está probada, no es una simple sospecha. El consejo de la Magistratura debe juzgarlo y a partir de ahí queda allanado el camino para que se solicite su extradición de Chile.

-¿Qué le falta a la justicia argentina?
-Creo que es un proceso de recuperación económica del país es necesario destinar más fondos a la justicia, habrá que crear más juzgados en todo el país para fortalecer la celeridad de los juicios. Es preocupante ver como los juzgados federales, por mencionar alguno, están verdaderamente atiborrados de causas.

-¿Cuál es el futuro de los derechos humanos en el mundo?
-En el mundo es un tema conflictivo, porque frente a la crisis política y económica que se está viviendo en el exterior, los derechos humanos no se fortalecen. Tomando el concepto de la declaración universal y de los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de incidencia colectiva, creo que todos los días se fortalecen los reclamos de la sociedad para resguardar los derechos humanos y en Argentina esto forma parte de medidas que profundizan la calidad democrática y a su vez respeto a los derechos de la sociedad por parte del Estado.

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