Intendencia de Montevideo
Departamento de Cultura
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria
A doscientos años del inicio de la Revolución Oriental
1811 - 2011
Declarado "Año de Museos y Memoria" por
ICOM
Los objetivos
de la Institución son promover en forma activa la paz, los derechos humanos y la
memoria de las luchas populares por la libertad, la democracia y la justicia
social, concibiendo estos conceptos como construcciones socio – históricas
dinámicas y en permanente desarrollo. Este Centro es un espacio dedicado a la
recuperación de la memoria sobre el horror del terrorismo de Estado y los
esfuerzos del pueblo uruguayo en su lucha contra la dictadura, de modo de
aportar conocimiento a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de
nuestro país.
BASES
La
estructura del Guión Museográfico se compone de cinco unidades temáticas
centrales: Resistencia;
Cárceles; Exilio; Desaparecidos; La Recuperación
Democrática. Estas cinco
unidades temáticas se complementan con una unidad introductoria: La Instauración de
la Dictadura, y una unidad
final: Historias
inconclusas y nuevos
desafíos, que señala
los logros, la confianza en el ser humano y las asignaturas pendientes. Esta
estructura temática funciona como columna vertebral para contener las distintas
propuestas en forma ordenada y vinculada para su comprensión integral.
2 -
SEGMENTOS DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO
- La
instauración de la Dictadura.
- La
Resistencia Popular.
- El
Confinamiento: las cárceles.
- Los
Desaparecidos.
- El
Exilio.
- La
Recuperación Democrática y la Lucha Popular por Verdad y Justicia.
- Historias
inconclusas y nuevos desafíos
3 – DE LAS PROPUESTAS Y
SUS AUTORES
El llamado es
abierto a todos los ciudadanos uruguayos o extranjeros, residentes en el país o
en el exterior.
Los proyectos
podrán abarcar propuestas de fotografía, pintura, escultura, instalaciones,
audiovisuales, intervenciones, y otras acciones artísticas, debiendo estar debidamente presentadas
para los espacios que el MUME tiene disponibles para muestras temporales: sala
del sótano; sala de la casa de ladrillos; patio central; pérgola exterior;
parque. También se considerarán acciones artísticas sobre todo el espacio del
MUME, que estén debidamente fundamentadas y sean compatibles con las actividades
del museo.
4 – DE LAS
CONDICIONES
Los gastos de
materiales, traslado e instalación corren por cuenta del
expositor.
El MUME y la
AAAMUME se harán cargo de la realización de folletería (tríptico y afiches), de
la difusión, y prestarán asistencia general y técnica para el
montaje.
En lo que
respecta a las condiciones de las exposiciones, ingreso y egreso de obras,
necesidades y otras condiciones, las mismas están establecidas en el Acta de
Exposiciones y Eventos del MUME, que se adjunta e integra este
llamado.
5 – DE LA
RECEPCIÓN
Los proyectos
se presentarán en el Museo de la Memoria, Avda. Instrucciones 1057 casi Bvar.
José Batlle y Ordóñez, de martes a sábado en el horario de 12 a 18 hs., desde el lunes 5 de marzo y hasta el
sábado 31 de marzo de 2012. Para los envíos postales se tendrá en cuenta la
fecha del matasellos.
6 – DEL
JURADO
Se integrará
un jurado de selección con un representante del MUME, un representante de la
Comisión de Exposiciones de la AAAMUME, y un representante elegido por los
participantes, que deberán entregar un sobre cerrado con el nombre
propuesto.
7 – DEL
FALLO
Se
elegirán hasta seis propuestas para ser realizadas en la temporada
2012.
En
caso de dudas respecto a las propuestas se podrá solicitar una reunión con el
expositor por parte del jurado y la comisión de exposiciones del
MUME.
El
jurado deberá expedirse antes del 30 de abril de 2012.
Si
el jurado considera que existen más de seis propuestas de interés para ser
realizadas en el MUME, recomendará las que podrán ser expuestas en la temporada
2013.
El
fallo del jurado es inapelable.
Las
propuestas no elegidas se retirarán hasta la fecha límite del 31 de mayo de
2012, pasada la cual serán destruidas.
La
participación en este llamado implica la aceptación de las presentes
bases.
Se pone a
disposición en la página web del MUME, y en el blog, el Documento General de
Fundamentación y Marco Conceptual del Centro Cultural Museo de la Memoria; el
Guión Museográfico; el Acta de Exposiciones y Eventos del MUME.
Por informes
llamar al teléfono 2355 58 91.
10 de diciembre de
2011
Centro
Cultural y Museo de la Memoria
Avda. de las
Instrucciones 1057, casi Bvar. José Batlle y Ordoñez
Tel. (598) 2355
58 91
www.montevideo.gub.uy/ciudad/cultura/museos-y-salas/centro-cultural-y-museo-de-la-memoria
Líneas de ómnibus:
Por Avda. de las
Instrucciones 149
Por Millán 148,
151, 526, 582
Por Bvar. Batlle y
Ordoñez 2, 145, 150, 195, L29, 522
* Exposición permanente:
La
Instauración de la Dictadura. La Resistencia Popular. Las
Cárceles. El Exilio. Los Desaparecidos. La Recuperación Democrática y la Lucha
por Verdad y Justicia. Historias Inconclusas y Nuevos Desafíos.
* Exposiciones temporales:
"DESLACRANDO" . Fotografías de Jorge Tiscornia.
Hasta el 30 de diciembre de 2011.
"ESPACIO/LUGAR/TIEMPO". Fotografías de Marta
Pagliano. Hasta el 11 de febrero de
2012.
" QUÍMICA DE LA
MEMORIA". Marga Steinwasser y Valeria
Durán. Hasta
el 30 de diciembre de
2011.
"EL LIMITE". Video instalación de
José Pilone. Hasta el 3 de marzo de
2012.
"ESCUELA DE LAS AMÉRICAS". Pinturas de Javier de Sierra
Salaberry. Hasta el 3 de marzo de 2012.
Visitas:
lunes a sábado de 12 a 18 hs.
* Intervenciones urbanas:
"Y TODOS ME MIRAN, ME MIRAN, ME MIRAN..."
. De Nairí
Aharonian
Plaza 1º de mayo. Avda.
General Flores y Avda. de las Leyes, Montevideo .
"PELOTA AFUERA". De Mauricio Bruno
Plaza Líber Seregni. Daniel
Muñóz / Joaquín Requena / Eduardo Víctor Haedo, Montevideo.
"LOS OTROS". De Sergio Padilla
Callejón de la Universidad. Pasaje
Emilio Frugoni entre Avda. 18 de Julio y Guayabo, Montevideo.
Visitas
asistidas por el Departamento Educativo del MUME, lunes a sábado a las
16 hs.
Visitas
programadas con instituciones
educativas y grupos organizados, de mañana y de tarde coordinadas por el Departamento Educativo del MUME, departamentoeducativomume@gmail.com , tel. 2355
58 91.
RED DE MUSEOS DEL PRADO
Apoyada por la
Comisión Permanente del
Prado
museo municipal de bellas artes juan manuel
blanes - museo nacional de antropología - museo de la memoria -
museo y
jardín botánico
Coalición Internacional de
Sitios de Conciencia
La primera vez que lo fueron a buscar, Ricardo Gabriel Giménez se
salvó. Fue una madrugada de diciembre de 1975. La patota cayó en la casa
de sus tíos Marcos y Olga, pero no lo encontró. No estaba allí. Antes
de irse, destruyeron la casa. Su tía reconoció en ese allanamiento
ilegal a uno de los policías: era el entonces oficial subayudante
segundo Luis Abelardo Patti, de la comisaría de Escobar. La segunda vez
que fueron a apresarlo, Giménez no tuvo tanta suerte. Fue un par de
semanas después, el 7 de enero de 1976. En esa oportunidad el operativo
llegó a la casa de sus abuelos. Patti, que a principios de ese año había
sido ascendido a oficial subinspector segundo, era de la partida. Había
siete policías más, armados con fusiles FAL. Giménez estaba allí con
otros tíos, Benito y Gerarda, que habían venido con dos de sus hijos
desde Tucumán a pasar unos días en Buenos Aires. “Negro, te venimos a
buscar”, le dijeron. Y lo chuparon. De paso, las ratas se llevaron un botín de guerra:
libros, una tijera, un bombeador de agua, una máquina de escribir,
cubiertos. La familia de Giménez no supo más de Ricardo por treinta y
dos largos años. Se lo considera el primer desaparecido de Escobar. Por
su crimen, Patti fue procesado ahora por la Justicia.
Giménez era periodista. Se había integrado a la Juventud Peronista en
1972. Con sus compañeros de militancia se reunía en un sindicato rural
de la zona. Daba clases a adultos por las noches. Y escribía en el
semanario El Actual, de Escobar, que dejó de editarse en 1976.
La publicación era dirigida por Tilo Wenner, un poeta y periodista que
también está desaparecido.
El auto de procesamiento contra Patti, que dispuso el juez Adrián
González Charvay, a cargo del juzgado federal de Campana, sostiene que
distintos testimonios incorporados al expediente afirman que “producto
de su militancia política, sumado a su labor en un diario que mantenía
una posición crítica respecto del uso de la fuerza policial para
resolver conflictos sociales y gremiales, Giménez venía sufriendo
diversos hostigamientos por parte del personal policial de la comisaría
de Escobar”. En particular, de Patti. Por eso lo procesó por los delitos
de “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos
agravados y homicidio agravado”. Además, le embargó sus bienes por un
valor de un millón de pesos.
Giménez estuvo secuestrado veintiún o veintidós días. Su familia, amigos
y compañeros lo buscaron por todos lados. Publicaron solicitadas en el
diario. Su hermano Juan Paulo Vergara presentó habeas corpus y
denunció judicialmente su desaparición el 23 de enero de 1976. Pero a
Giménez lo torturaron y lo mataron seis días después. El cuerpo
maniatado, apuñalado y mutilado, con la cara desfigurada, lo tiraron el
29 de enero en un descampado conocido como La Quema, en Moreno.
Allí los camiones tiraban la basura de la ciudad. El cadáver fue hallado
un día después por la comisaría local. Y fue identificado por la
policía el 2 de febrero, pero no dieron aviso a la familia ni al
Registro Provincial de las Personas. Así, fue enterrado como NN en el
cementerio de Moreno. En la morgue de Campana la familia creyó reconocer
a Ricardo en un cadáver calcinado, con el rostro desfigurado por un
escopetazo y amputado de manos y pies. No era él, supieron luego.
Recién en 2007, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología
Forense, la familia supo que aquel cuerpo encontrado en un basural era
Ricardo. Un año después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional confirmó el dato. Según el escrito del juez
González Charvay, “Patti habría ocultado elementos destinados a servir
de prueba cuando a partir del 5 de febrero de 1976 se tapó el resultado
de la identificación del cadáver y se lo inhumó, ese mismo día, como
NN”. Treinta y dos años después de su desaparición, la familia pudo
saber qué había pasado con Ricardo. De todos modos, no pudieron contar
con sus restos: en 1982 habían sido llevados al osario general.
Militancia vigilada. El grupo de militancia de Giménez
estaba integrado por Héctor Iván Salas, los hermanos Raúl y Hugo Jaime,
Gastón Gonçalves, Raúl Marciano, Lito López, Arturo Videla, Orlando
Edmundo Ubiedo, Enrique Tomanelli. Comenzaron a ser perseguidos meses
antes del golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Cómo era y cómo actuó el
aparato represivo en Escobar? Responde a Miradas al Sur una
fuente judicial que conoce la zona: “Actuaron elementos policiales
locales que hostigaron primero y luego directamente capturaron,
torturaron y dieron muerte a integrantes del grupo de militantes de la
zona. Siempre a partir de específicas actividades de inteligencia
previas y respondiendo a la matriz criminal que impuso el Ejército.” El
dictamen judicial refuerza esa idea. Sostiene que el grupo de militantes
fue “perseguido, amenazado, amedrentado, secuestrado, atormentado,
desaparecido y matado en la zona de Escobar por parte de grupos
operativos de fuerzas conjuntas, integrados por personal de la comisaría
de Escobar, y que tenían desde fines del año 1973 un rol protagónico en
represión de manifestaciones sociales, gremiales y políticas”.
Las pruebas contra Patti son contundentes. Hay testimonios directos de
familiares, que estuvieron presentes en los allanamientos. Incluso se lo
individualiza directamente. Y, por supuesto, describen en detalle todas
las circunstancias de los episodios. “Están también los testimonios de
los compañeros de militancia de Giménez, que coinciden en señalar que
todo el grupo de la JP era hostigado y perseguido por los policías de
Escobar, y especialmente por Patti.” A esto se suma la prueba
documental: en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la
Policía Bonaerense (Dipba) aparece claramente que este grupo de
militantes fue objeto de seguimientos y observaciones, aun antes del
golpe. Los archivos de la Dipba también vincularon el accionar de la
comisaría de Escobar y sus “grupos operativos” en acciones conjuntas con
el Ejército.
Perpetua en el hospital. Por el crimen de Gonçalves, en abril
de este año Patti fue condenado a perpetua en cárcel común. Se lo
consideró partícipe primario del asesinato. Lo condenaron –además– por
siete casos de secuestros, tres de tormentos y dos allanamientos
ilegales. Fue la primera sentencia que recibió por sus crímenes durante
la dictadura. Hoy el ex policía está detenido en el complejo
penitenciario de Ezeiza. En una sala del Hospital Penitenciario Central,
porque hace un tiempo sufrió un accidente cerebrovascular. “Aunque la
sentencia no está firme, en el propio juicio que se le siguió se
estableció que la persecución de los militantes de la JP había comenzado
antes del golpe. Y que la puesta en marcha de esa matriz represiva
local tuvo en Giménez a su primera víctima, hasta ahora conocida”, dice
la fuente judicial. Patti fue luego subcomisario, y desde ese rol llegó a
ser intendente de Escobar, en 1995. Diez años después fue electo
diputado nacional. No pudo asumir porque ya estaba siendo investigado
por delitos de lesa humanidad.
Por el secuestro y posterior asesinato de Giménez fue indagado. Lo hizo
por escrito. Patti dijo que no existían en esos momentos cursos de
Inteligencia en la policía. “Jamás hasta 1976 inclusive, período que se
me reprocha actividad de Inteligencia o Informaciones, realicé curso
alguno sobre el tema”, declaró. Sobre Giménez sostuvo que “nunca” lo
conoció. Y señaló: “El lugar donde se denuncia trabajaba tenía varios
empleados y era una imprenta a no más de media cuadra de la comisaría de
Escobar.” Se refería a la imprenta El Rayo, donde se editaba El Actual.
Sí reconoció que él y sus compañeros policías conocían a Wenner. Negó
también haber participado de los allanamientos y de haber reconocido el
cuerpo de Giménez. Una aclaración: no estaba obligado a decir la verdad.
Sin embargo, el juez González Charvay logró establecer que Patti cometió
los delitos de los que se lo acusa. “El entonces suboficial fue parte
de una maquinaria ilegal y clandestina de represión que utilizó las
estructuras del Estado.” Dentro de ese esquema, la investigación
judicial estableció que policías como Patti actuaron subordinados al
Ejército a través del Comando de Institutos Militares. “Se tiene
establecido que Patti actuó integrando un aparato organizado de
represión ilegal y clandestina, y que en ese marco tuvo perfecto dominio
sobre la porción de los hechos que cometió, respondiendo a una decisión
criminal superior. No puede descartarse que, en la medida que se
establezca judicialmente quiénes integraban esa estructura ilegal al
momento de los hechos en esa zona, pueda haber nuevos imputados en el
caso”, confió la fuente judicial. Que concluyó: “La causa se encuentra
en la etapa preparatoria y con una decisión que, aunque provisoria,
establece la responsabilidad de Patti frente a los hechos comprobados.
Obviamente la investigación debe continuar avanzando hacia otros niveles
de responsabilidad.”.
Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.
Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.
Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.
El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.
“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.
- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.
- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.
- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.
- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.
- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.
- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.
Llevamos 28 años de democracia ininterrumpida y todavía hay muchas
cosas por develar. ¿Dónde termina el accionar paralelo de la Triple A y
cuándo comienzan a operar integradas abiertamente a las Fuerzas Armadas?
¿Cómo nacieron los escuadrones de la muerte y quién los dirigía? Muchas
preguntas para escasas respuestas. Con el auspicio de la organización
de derechos humanos Memoria Fértil, se dio inició a una investigación sobre la Triple A. Algunos adelantos fueron difundidos en el CD Albores del golpe, realizado por Camilo Cagni y quien escribe, trabajo editado por Miradas al Sur. Estas son algunas de las hipótesis que se manejan:
1.Todo indica que la Triple A no era una organización
estructurada nacionalmente con un jefe en la cúspide. Había, sí, una
doctrina represiva nacional única, que orientaba y definía el accionar
de los escuadrones de la muerte, conducida por los comandantes en jefe
de las tres armas. El mando operativo se ejecutaba a través de la
inteligencia de las Fuerzas Armadas, que aportaba logística,
coordinación territorial con las policías, tanto provinciales como la
Federal, y todos los datos necesarios para la ejecución de la víctima.
En la provincia de Buenos Aires y Capital Federal se llamaba Triple A y
estaban integrados centralmente por personal retirado y/o exonerado de
las policías Federal y Bonaerense, de las FF.AA. y civiles reclutados en
agrupaciones de ultra derecha. En Córdoba se llamaba Comando
Libertadores de América y la particularidad de su conformación fue que
estaban integrados centralmente por miembros de las Fuerzas Armadas en
actividad, a los que se sumaban militares retirados, policías y civiles.
Las denuncias presentadas ante la Justicia señalan al capitán del
Ejército, retirado, Héctor Pedro Vergez, alias Vergas, como jefe
operativo del Comando Libertadores de América. No existen constancias de
que los grupos de la represión ilegal de Córdoba reportaran a López
Rega. En Tucumán, la Triple A se dio a conocer como Comando Restaurador
del Norte, a partir del Operativo Independencia. Inició sus acciones en
la madrugada del 9 de febrero de 1975, y luego pasó a formar parte
orgánica del dispositivo militar bajo el mando del general Acdel Vilas.
2. No está probado que López Rega fuera el jefe máximo de la
Triple A, ni tampoco que fuera su fundador. El entonces ministro de
Bienestar Social de la Nación era un asesino serial, responsable directo
de muchos crímenes perpetrados por los escuadrones de la muerte. Tenía
poder de decisión y actuó con amplias responsabilidades en la cara más
visible de la Triple A. Fue una pieza clave, desde el punto de vista
político e institucional, de un dispositivo represivo con mando,
inteligencia y doctrina militar. El gobernador de la provincia de Salta,
Miguel Ragone, fue detenido y desaparecido el 11 de marzo de 1976,
pocos días antes de que se consume el golpe de Estado del 24 de marzo.
No fue la única víctima en ese mes de otoño. ¿Quienes fueron los que
detuvieron y desaparecieron a Ragone? López Rega, señalado por la prensa
como jefe máximo de la Triple A, ya no estaba en el país. El 28 de
julio de 1975 partía hacia España como embajador plenipotenciario. Lo
acompañaban el comisario inspector Juan Ramón Morales, el subcomisario
Rodolfo Eduardo Almirón y Miguel Angel Rovira, todos miembros de la
Federal. Hacía ocho meses que la supuesta plana mayor de la Triple A se
encontraba en el exterior, pero los asesinatos, con su metodología,
seguían cobrando víctimas en el país. La causa judicial por la
desaparición de Ragone se reabrió en 2004. De la investigación se
desprende que habría existido una orden superior para realizar el
operativo, avalada por el general Luciano Benjamín Menéndez, comandante
del Tercer Cuerpo de Ejército, y Antonio Domingo Bussi, el jefe del
Operativo Independencia en la provincia de Tucumán.
3. La doctrina represiva de la Triple A formaba parte del
manual de lucha antisubversiva que elaboraron los militares argentinos
junto con los oficiales del Ejército francés, expertos en los métodos de
Contrainsurgencia, que estuvieron asesorando por más de veinte años a
las fuerzas armadas y de seguridad. Los primeros oficiales galos
llegaron al país en 1957 durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu.
Se trataba de los tenientes coroneles Patrice de Naurois y Pierre Badie,
hombres con amplia experiencia en la represión de los movimientos de
liberación de Vietnam y Argelia. Los militares fueron reclutados
directamente por el Estado Mayor argentino con el sostén de la embajada
francesa en Buenos Aires. Realizaron en el país un trabajo de
preparación ideológica difundiendo la doctrina de “guerra
contrarrevolucionaria” en la formación de las Fuerzas Armadas. Contaron
con la estrecha colaboración de oficiales argentinos formados, como
López Aufranc, en la Escuela Superior de Guerra de París. En 1959,
durante el gobierno de Arturo Frondizi, los ejércitos de Francia y
Argentina firman un acuerdo que preveía la creación de una misión
militar francesa permanente, cuyos asesores se instalan en Buenos Aires,
en la sede del Estado Mayor. Todos eran veteranos de la guerra colonial
en Argelia.
4. Los cursos realizados en las Fuerzas Armadas aportaron una
sistematización y un cuerpo de doctrina al accionar represivo, ya que la
represión y la tortura se practicaron en el país desde muchos años
antes. “Los franceses proveyeron la matriz”, dice el general Martín
Balza, y esta se “enriqueció”, si se puede decir, “a raíz del contacto
con la Doctrina de Seguridad Nacional, de la que el general Juan Carlos
Onganía fue uno de los promotores, porque se correspondía perfectamente
al modelo político y militar que había desarrollado previamente.” En
agosto de 1964, Onganía, comandante del Ejército, viajó a los Estados
Unidos de Norteamérica para tomar parte en la V Conferencia de Estados
Americanos, que se realizó en la Academia Militar de West Point. Durante
la conferencia, el día seis, el general Onganía pronunció un discurso
donde expuso sobre el rol político de las Fuerzas Armadas. Esta
exposición, donde se incorpora la variante argentina de la Seguridad
Nacional, se la conoce como la “Doctrina Onganía”. Algunos meses antes,
el gobierno de facto había firmado un tratado militar con el país del
norte, por 18 mil dólares.
5. La inteligencia militar que organizó la Triple A trabajó
por líneas interiores al peronismo. No era la primera vez, ya lo había
practicado durante la represión del Plan Conintes, a fines de los
cincuenta. Se montó sobre la lucha interna, incorporando en su accionar a
matones a sueldo, guardaespaldas de sindicatos, grupos de ultraderecha,
como el grupo de la CNU en La Plata, y otros.
6. Da que pensar que en la lista de muertos por la Triple A
no haya jefes guerrilleros. Esa no era su misión. Para esa tarea estaban
otros grupos de tareas que ya actuaban antes del golpe. Tampoco
buscaban información, directamente ejecutaban. Apuntaron sobre los
dirigentes políticos y sociales representativos. Golpearon en el gozne,
en la articulación entre las conducciones y la fuerza organizada.
Rompieron los puentes entre la vieja generación de luchadores y los
jóvenes. Metieron miedo, crearon el terror y prepararon las condiciones
para el golpe. La Triple A accionó sobre un amplio espectro político y
social, que abarcó el peronismo, la izquierda y otras fuerzas
democráticas. En un reportaje realizado por la periodista Marie-Monique
Robin, dijo el coronel del Ejército francés, Charles Lacheroy: “Llegué a
Indochina y enseguida leí de punta a punta el Libro Rojo de Mao
Tse Tung. Fue el primero que me hizo comprender que lo que llamaban
retaguardia es más importante que la tropa y que antes de la tropa hay
que ocuparse de la retaguardia”. Tomando aquello de que “el guerrillero
se mueve como pez en el agua”, los manuales de contrainsurgencia dicen:
la misión de la represión esta dirigida a “sacarle el agua al pez”.
7. Tanto la Triple A como el Comando Libertadores de América y
el Comando Restaurador del Norte estaban constituidos en su gran
mayoría por empleados de organismos del Estado Nacional y provincial.
Los gastos de funcionamiento y sueldos mensuales salían de las arcas del
Estado. Se movieron ocultando su dependencia oficial hasta el 24 de
marzo de 1976. A partir de ese momento se integraron oficialmente al
accionar de las Fuerzas Armadas.
